Saqueo y pérdida de la soberanía energética

Publicado: 24 de julio de 2012 en Bienes comunes
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Paraguay: Las medidas del gobierno golpista

A casi un mes de ocupar la presidencia,  Federico Franco finalizó la primera ronda de las negociaciones con la multinacional canadiense Río Tinto Alcan, productora de aluminio investigada por delitos de lesa humanidad y contaminación, que pretende instalarse en las márgenes del río Paraná.

Rio Tinto Alcan es la segunda empresa productora de aluminio del mundo y extracción de minerales. Tiene plantas en todos los continentes, se caracteriza por dejar gran contaminación en los territorios en los que se instala, y está implicada en casos de violación de los derechos humanos. La multinacional que pretende instalarse en Paraguay, tiene abierto un proceso judicial por estar implicada en un golpe de estado en Papúa Nueva Guinea en los años 80, en el cual se reprimió y asesinó a miles de personas que protestaban contra un enclave minero de su propiedad.

La relación entre Rio Tinto y el Estado paraguayo estaba en una etapa evaluativa durante el gobierno de Lugo. Pero a partir de esta semana se aceleraron las negociaciones que tienen como perspectiva la aprobación e instalación de la planta en el país. Esto responde a la perspectiva política que se está queriendo implementar en Paraguay a partir del golpe institucional.

Existen diversas vinculaciones entre el sector golpista y los intereses de la multinacional: Canadá, el país de origen de la empresa, fue uno de los primeros países que apoyó el golpe institucional a Fernando Lugo, junto con el Vaticano y Alemania. Además, Francisco Rivas, quien fuera asesor del gobierno de Lugo y afín a la inversión transnacional en el país, hoy es el actual ministro de Industria y Comercio. Diego Zavala, actual viceministro de Comercio fue también consultor de la empresa.

La multinacional busca instalarse en el país ya que prevé  recibir subsidios en el consumo energético por parte del Estado paraguayo y además utilizar el agua del rio Paraná para fundir aluminio que posteriormente pasara a  tratarse  en Brasil, lo que reducirá los costos de producción mediante el uso intensivo y a barato de la energía eléctrica del país y una mano de obra joven y precarizada.

Características del saqueo

Todas las materias primas que se utilizarán en la construcción de la empresa serán importadas, excepto la energía eléctrica; ya que la empresa exige su provisión de manera permanente desde las centrales de Itaypú y Yaciretá, para obtener mejores rendimientos.

Así, la multinacional utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que toda la población del país, con la misma tarifa.

Además, Río Tinto Alcan será una de las 10 fundiciones de aluminio más grandes del mundo, en la que será necesario invertir en infraestructura para puertos, caminos, armado del parque industrial y dragado de ríos, entre otros elementos.

Los argumentos para justificar la instalación de la empresa y permitir el saqueo de los bienes comunes, tienen que ver con la apertura de puestos de trabajo y el aumento de las exportaciones. Así, Río Tinto Alcan y el gobierno de facto de Federico Franco, sostienen que se generarán 50.000 nuevos puestos de trabajo y que las exportaciones aumentarán en un 60%.

Pero, las industrias electrointensivas insumen poca cantidad de recursos humanos y es posible que se contamine el Acuífero Guaraní mediante su implementación.

La vice ministra de Energía y Minas durante el gobierno de Fernando Lugo, Mercedes Canese agregó: “Hay que definir todavía quién hará esas inversiones. Si queda en manos del Estado, de qué forma, cómo se obtiene el financiamiento. También está la importancia de que RTA tenga energía constante, no interrumpible. Entonces, estaría conectada a las dos binacionales. Todas esas son inversiones públicas normalmente. Todavía en esta etapa de estudio, no se ha definido a cargo de quién estarán”.

Delitos de lesa humanidad

Los trabajadores de las plantas que Río Tinto tenía en la isla de Bougainville en Papúa Nueva Guinea, trabajaban en condiciones de semiesclavitud y, hacia 1980 comenzaron a organizar levantamientos con reivindicaciones que se vinculaban con la vida y el trabajo más digno.

La empresa contrató mercenarios e instigó a los militares a defender sus intereses de económicos en la zona e impuso un bloqueo en el que 10.000 civiles y trabajadores murieron.

Hoy en día, hay una causa que implica a Río Tinto con estos delitos de lesa humanidad en la Corte de Estados Unidos, bajo el nombre “Sarei et al v. Rio Tinto Plc et al”.

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