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La Brigda Anguirú entrevistó a Jorge Galeano, secretario General del Movimiento Agrario Popular (MAP), de Paraguay, quien analizó la situación que vive su país desde el golpe de Estado, la estrategia del imperialismo y la necesidad de la integración continental por parte de los pueblos.

“Ellos tienen el plan muy bien definido, que es el recrudecimiento de la criminalización de la lucha social y de los luchadores. En el marco del golpe, se dieron las sentencias de 25 a35 años para siete compañeros campesinos, que están injustamente en la cárcel”

El MAP es una organización con diez años de existencia. Presente en 7 regiones de Paraguay,  contiene a 8 mil campesinos organizados en torno a la lucha por la tierra. La mayoría son pequeños productores dedicados a la agricultura y producción de alimentos para el autoconsumo. Además, pertenece a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina.

– ¿Qué análisis hacen del golpe, desde el Movimiento Agrario Popular?

El golpe de Estado en Paraguay no se da por un avance desde los movimientos o desde los partidos de izquierda hacia el socialismo. El golpe no fue contra el Paraguay, sino que tiene una dimensión regional. Y en ese contexto, vemos los intereses inmediatos del imperio, que tiene como objetivo apropiarse de los recursos naturales, desarrollar el agronegocio y también la extracción minera en nuestro país.

Esto se puede ver en las decisiones inmediatas que tomó el gobierno, vinculadas a intereses de las multinacionales. Por ejemplo, la conformación de una comisión integrada por los representantes de Río Tinto Alcan -una multinacional canadiense- para avanzar con las negociaciones para la instalación de la empresa. Quien estaba como representante de Río Tinto en Paraguay, ha sido nombrado como viceministro de Industria y Comercio.

– ¿Qué otras medidas se han tomado en relación a las multinacionales?

Se ha nombrado a un representante de SYNGENTA -vendedor de agrotóxicos en nuestro país- en la Dirección más importante de control de calidad de vegetales y semillas (SENAVE), que es un organismo competente en materias de control del agronegocio. A su vez, los grandes productores de soja han impulsado en el Congreso una ley de bioseguridad, que abre las posibilidades para el avance del cultivo transgénico. El SENAVE y el ministerio de Agricultura en forma conjunta han autorizado -sin ninguna medida precautoria- la implementación y la producción de semillas de maíz y algodón transgénico. Todo esto, 22 días después del golpe.

Estos son los costos y el pago de las facturas que tiene este gobierno con las multinacionales. Por ejemplo, la Unión de Gremios de Productores, que agrupa a las asociaciones rurales del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) ha planteado al gobierno dejar sin efecto la reglamentación de la Ley de Fronteras.

– ¿Qué implicaba la ley de Fronteras?

Es una ley que establece que a 50 kilómetros de la frontera con otros países, la tierra no debe estar en posesión de extranjeros. El gobierno de Lugo había reglamentado esa ley y había iniciado una tarea de reconocimiento de esas tierras a los efectos de buscar la forma de recuperarlas y destinarlas a la reforma agraria. Eso era una de las amenazas a las multinacionales que se instalaban en la más rica tierra como San Pedro, Canindejú, Alto Paraná. Estas multinacionales extranjeras se vieron amenazadas y eso se puede tomar como un detonante de esta acción.

– ¿Qué otros actores identifican en el proceso del golpe?

La embajada norteamericana estuvo muy relacionada en esto, con el financiamiento de las empresas de “comunicación” empresarial monopólica pagadas por las multinacionales, que las estuvieron financiando no solamente el día del golpe, sino también mucho antes. Pagaron toda la tarea mediática antes del golpe, durante el golpe y después del golpe.

El equipo operativo del golpe estuvo a cargo de los mafiosos que se encuentran en el Congreso nacional, vinculados a terratenientes y traficantes, jugando en el ámbito establecido jurídicamente en el país. Apartándose y violando muchos artículos de la Constitución Nacional y las leyes. Y todo se cierra con la “bendición” del representante del Papa, que esta acá como embajador del Vaticano, que fue quien en primer lugar reconoció y bendijo este golpe de Estado, junto a todo la jerarquía católica.

Todo evidentemente estuvo muy bien planificado, entre las multinacionales, la jerarquía eclesial, la embajada norteamericana y los operadores políticos mafiosos-traficantes de los partidos tradicionales de Paraguay.

Esto es un peligro no sólo para mi país, sino que también es un peligro para Argentina, Bolivia y Brasil. Para todos los pueblos que estamos tratando de integrarnos es una amenaza.

– ¿Cuáles son las consecuencias a nivel represivo y judicial para los luchadores sociales en este primer mes y medio posterior al golpe?

Ellos tienen el plan muy bien definido, que es el recrudecimiento de la criminalización de la lucha social y de los luchadores. En el marco del golpe, se dieron las sentencias de 25 a35 años para siete compañeros campesinos, que están injustamente en la cárcel. Se dieron varios hechos de atropello con pelotones de policía que ingresan en encuentros de mujeres, de jóvenes, de campesinos, de indígenas.

Están quitando a todos los compañeros que se encontraban trabajando en las instituciones públicas. Están siendo sacados sin ninguna consideración de las leyes ni de la Constitución Nacional.

Hubo un amotinamiento en una cárcel de San Pedro, un amotinamiento y después la quema de la cárcel; estos criminales son capaces de quemar cárceles. Porque para ellos los pobres, los campesinos, los indígenas son un estorbo o un peligro.

La decisión del presidente golpista de asistir al campo con militares es un retroceso bárbaro. Los militares van a meter miedo a la gente en el campo y van a tratar de sacar información.

– ¿Cuáles son la tareas que ustedes ven como principales para la resistencia?

Una es la búsqueda de mayor articulación, de unidad, y desarrollo de acciones conjuntas para atacar la concentración de la tierra que es la principal contradicción en nuestro país y en la región. Para eso debemos contar con toda la fuerza, no sólo del campesino sino de toda la sociedad paraguaya. La otra es fortalecer la unidad latinoamericana, las relaciones internacionales del campo popular. Haciendo el esfuerzo de unificar la fuerza para tratar de evitar situaciones de esta naturaleza que se puedan desarrollar en nuestros países hermanos latinoamericanos.

Eso depende también de la capacidad organizativa y de formación de nuestra gente. Un punto que estamos trabajando es la formación de compañeras y compañeros a los efectos de poder resistir y avanzar en la lucha.

– ¿Cómo entienden que se va a dar la resistencia de cara a las elecciones del 2013?

Vamos a tener muchas posibilidades si tratamos de entendernos y encarar bien la tarea y la lucha electoral. Porque es una cuestión importante, pero creemos que en este momento todos los movimientos, partidos de izquierda, movimientos sociales, organizaciones campesinas e indígenas deberían centrar su accionar en la organización y en la movilización permanente del pueblo. Que en eso se trabajen los ejes programáticos, basados en los intereses reales de nuestro pueblo, para poder revertir el golpe de Estado y recuperar la soberanía sobre nuestros recursos y fundamentalmente, democratizar el acceso a la tierra, desarrollar un programa de Reforma Agraria.

Hay que fortalecer la integración de los pueblos, pero no desde el punto de vista solamente económico sino desde otros aspectos históricos que nos unen a los latinoamericanos. Es un desafío fortalecer ese vínculo, es necesario para la defensa de la democracia en nuestra región.

Desde nuestra organización, estamos haciendo todo el esfuerzo para aportar a la integración continental de los movimientos sociales se pueda ir fortaleciendo para constituir un proyecto continental. Y nosotros somos los sujetos que tenemos que asumir eso.

 

“Sin memoria no hay paz, sin paz no hay democracia”

El 1 de agosto se cumplen ocho años del incendio del supermercado Ycuá Bolaños en Asunción, Paraguay, en el que murieron 426 personas, más de 510 resultaron heridas y alrededor de 10  no pudieron ser identificadas. Los dueños habían dado la orden de cerrar las puertas del local para evitar que los compradores se retiraran sin pagar. La Coordinadora de víctimas del Ycuá Bolaños inició ayer un festival y vigilia en conmemoración al día del incendio que confluirá hoy en un acto llamado “La hora del dolor” con una consigna concreta: sin memoria no hay paz, sin paz no hay democracia.

Dionisia Roa perdió a cuatro familiares: Antonia, Diana, Mara (9) y Melany (3).

En el marco de las actividades de la resistencia frente al golpe de estado perpetuado por los intereses económicos nacionales y trasnacionales, representados por la figura de Federico Franco, se conmemoró entre ayer y hoy  el octavo aniversario de una de las mayores tragedias civiles de Paraguay.

Al pedido concreto de justicia hacia las víctimas y sus familiares se sumó el apoyo solidario con los campesinos asesinados en la masacre de Curuguaty,  reforzando la idea de que el golpe de estado es un atropello a la posibilidad de acceder a la justicia para el pueblo del país.

El supermercado Ycuá Bolaños era parte de una cadena de centros comerciales. Había sido inaugurado en 2001 y la sucursal incendiada se caracterizaba, paradójicamente, por ser la más moderna.

El 1 de agosto de 2004, un incendio se inició en la parrilla del patio de comidas y  comenzó a propagarse rápidamente por las placas de poliestireno que separaban  el cielo raso del techo del edificio.  Cuando el personal se dio cuenta del fuego, las llamas se habían propagado por casi todo el supermercado.

Bajo la orden de sus dueños, Juan Pío Paiva y Víctor Daniel Paiva, el jefe de seguridad Daniel Areco mandó a cerrar las puertas para evitar que los clientes se fueran sin pagar.

Las víctimas quedaron atrapadas cuando el fuego consumió el oxígeno del cielo raso, debilitó sus placas y comenzó a afectar el interior del supermercado. Frente a la combustión, las diferentes placas de vidrio que separaban los espacios comenzaron a ceder, dando lugar a nuevas oxigenaciones.

Según los sobrevivientes, se veían bolas de fuego que caían desde el techo y que hacían explotar elementos combustibles, como aerosoles o las cámaras frigoríficas de los locales. El fuego comenzó a propagarse rápidamente por las diferentes áreas del edificio. Una vez consumido el oxígeno de un sector, se rompían las paredes de vidrio que comunicaban a otros espacios.

Las paredes del edificio no contaban con protección ignifuga, no funcionaron los detectores de humo ni existían rociadores automáticos.  El supermercado no tenía la cantidad de salidas de emergencia reglamentadas por la ley de habilitación de espacios paraguaya, no estaban señalizadas ni abrían en sentido del recorrido del egreso.

Luego de las pericias se constató que la chimenea que dio inicio al incendio  tenía acumulación de brasas y grasa, que sirvieron a la combustión. El tubo no tenía una salida directa al exterior y además su boca estaba en contacto directo con el techo del local, provocando así el recalentamiento de las placas internas del cielo raso.

Tras dos juicios, se condenó a los responsables materiales e intelectuales del incendio. Juan Pío Paiva y Víctor Paiva, dueños de la cadena, fueron condenados a 12 y 10 años de prisión respectivamente bajo la figura de homicidio doloso simple por dolo eventual, homicidio doloso en grado de tentativa agravada y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso.

Daniel Areco, jefe de seguridad del supermercado fue condenado a cinco años de prisión bajo los mismos cargos, mientras que Humberto Casaccia fue el único miembro del directorio de la empresa condenado.

Los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia frente a la liviandad de las condenas y a los beneficios otorgados a los responsables.

Censura en Radio Nacional de Paraguay

El programa Red Pública, conducido por Carlos Goncalvez en Radio Nacional paraguaya 920 AM, no salió al aire el jueves pasado porque las autoridades de la radio tenían la orden del gobierno de facto de emitir un debate parlamentario extranjero.

La censura indirecta y la persecución vienen siendo prácticas sistemáticas del gobierno de facto de Federico Franco, con aquellos periodistas críticos al golpe de estado. En este sentido, se busca generar un cerco mediático que impida el libre acceso a la información y se restrinja la libertad de expresión.

La Brigada Angirû del FPDS en el marco de articulación con el ALBA de los movimientos, estaba invitada al programa Red Pública y, debido a la censura, no pudo participar del mismo.

La estrategia de Franco se basa en hostigar a los comunicadores mediante llamadas telefónicas que, en la mayoría de los casos, se ven obligados a atender al aire, demorar el inicio de los programas o, como en el caso de Goncalvez, suspender la emisión diaria excusándose en la necesidad de trasmitir actos parlamentarios extranjeros.

El diario ABC Color y Última Hora son los periódicos de mayor tirada y masividad en Paraguay. Ambas publicaciones apoyan el golpe de estado de manera abierta y contribuyen a generar una sensación de normalidad, mediante el ocultamiento de información de la resistencia. Además, construyen discursos que demonizan otros gobiernos latinoamericanos, como el de Evo Morales en Bolivia y el de Hugo Chávez en Venezuela.

Cabe destacar también que pocos medios masivos se han mantenido independientes a las políticas del golpe de estado.

El día del juicio político a Fernando Lugo, la televisión Pública también fue protagonista del apoyo popular, frente a una política golpista de vaciar el canal y eliminar la programación opositora al régimen. Sus trabajadores fueron despedidos y –pese a que no han reconocido el fin de los contratos como legítimos y continúan trabajando-, siguen siendo hostigados.

El frente de trabajadores contra el golpe denuncia despidos masivos, maltratos y listas negras en los organismos estatales de Paraguay por parte del gobierno de facto. Aseguran que desde el momento en que el senado paraguayo promueve un golpe institucional al presidente Fernando Lugo comienza una persecución ideológica que se extiende y profundiza.

En el marco de las acciones de denuncia, que son invisibilizadas por medios locales, el Frente de Trabajadores Contra el Golpe organizó ayer una nueva marcha por las calles céntricas de Asunción denunciando que el número de despidos se elevó de 250 a 800 en tres días.

La denuncia pública se realizó el pasado sábado, en una asamblea abierta de trabajadores en la sede del Frente Guasú ubicada en el centro de asunción. El principal orador fue el presidente constitucional, Fernando Lugo, quien se comprometió a denunciar esta violación de derechos ante la comunidad internacional.

En conferencia de prensa el secretario general de trabajadores de la salud y vocero del Frente de Trabajadores contra el Golpe, Genaro Palacios, denunciaba tres días atrás que en ese momento tenían los datos de “más de 250 trabajadores y trabajadoras estatales despedidos a nivel nacional”.

Aseguraba que la “persecución se manifestaba prácticamente en todos los ministerios, gente que está dentro de la Secretaria de Acción Social, en el SENAVE, en el Ministerio de Educación y Cultura, e instituciones como la hidroeléctrica Itaypu, en Presidencia de la República, el Instituto de Previsión Social-IPS”, entre otras.

Según Palacios “lo que se está atacando es una cuestión ideológica, que somos todos zurdos que tenemos que ser exterminados de la función pública, que ideologiazamos, que manipulamos los programas sociales”. Y aclaró que “durante el gobierno de Fernando Lugo se defendió a los empleados que eran de otras administraciones y lo contrario está sucediendo ahora justamente uno de los partidos tradicionales que estaban acompañando este proceso, ese partido es el que está haciendo los despidos masivos”.

Alcides Molina, secretario general del sindicato de funcionarios y educadores populares de la secretaria de la niñez, comentó que todavía no pueden tener la información exacta, debido a lo irregular de la situación, pero que tienen registrados “cerca de 800” trabajadores y trabajadoras estatales despedidos a un mes del golpe del golpe.

Según las palabras de Molina el gobierno golpista “está haciendo despidos bien dirigidos, porque la presión internacional, el MERCOSUR, la UNASUR, la OEA, etc. no se lo permite” pero que “en diciembre va a ser muy difícil porque ahí se terminan todos los contratos, los de todos los contratados”, y analizan que no renovaran contratos.

Denunció que las “amenazas y listas negras en varios ministerios” y que durante el golpe esta situación se ha “manifestando permanentemente en manera progresiva”.

El presidente electo Fernando Lugo se comprometió públicamente hace tres días a realizar una denuncia a nivel internacional, una semana atrás los trabajadores denunciaron las amenazas y despidos masivos que están sufriendo los estatales ante la comisión del Parlamento Europeo, enviada por la OEA y aseguraron que lo harán con la Comisión del MERCOSUR.

AUDIO: Genaro Palacios sobre amenazas y despidos masivos

AUDIO: Genaro Palacios sobre la ideologización de los sindicatos