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La Brigda Anguirú entrevistó a Jorge Galeano, secretario General del Movimiento Agrario Popular (MAP), de Paraguay, quien analizó la situación que vive su país desde el golpe de Estado, la estrategia del imperialismo y la necesidad de la integración continental por parte de los pueblos.

“Ellos tienen el plan muy bien definido, que es el recrudecimiento de la criminalización de la lucha social y de los luchadores. En el marco del golpe, se dieron las sentencias de 25 a35 años para siete compañeros campesinos, que están injustamente en la cárcel”

El MAP es una organización con diez años de existencia. Presente en 7 regiones de Paraguay,  contiene a 8 mil campesinos organizados en torno a la lucha por la tierra. La mayoría son pequeños productores dedicados a la agricultura y producción de alimentos para el autoconsumo. Además, pertenece a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina.

– ¿Qué análisis hacen del golpe, desde el Movimiento Agrario Popular?

El golpe de Estado en Paraguay no se da por un avance desde los movimientos o desde los partidos de izquierda hacia el socialismo. El golpe no fue contra el Paraguay, sino que tiene una dimensión regional. Y en ese contexto, vemos los intereses inmediatos del imperio, que tiene como objetivo apropiarse de los recursos naturales, desarrollar el agronegocio y también la extracción minera en nuestro país.

Esto se puede ver en las decisiones inmediatas que tomó el gobierno, vinculadas a intereses de las multinacionales. Por ejemplo, la conformación de una comisión integrada por los representantes de Río Tinto Alcan -una multinacional canadiense- para avanzar con las negociaciones para la instalación de la empresa. Quien estaba como representante de Río Tinto en Paraguay, ha sido nombrado como viceministro de Industria y Comercio.

– ¿Qué otras medidas se han tomado en relación a las multinacionales?

Se ha nombrado a un representante de SYNGENTA -vendedor de agrotóxicos en nuestro país- en la Dirección más importante de control de calidad de vegetales y semillas (SENAVE), que es un organismo competente en materias de control del agronegocio. A su vez, los grandes productores de soja han impulsado en el Congreso una ley de bioseguridad, que abre las posibilidades para el avance del cultivo transgénico. El SENAVE y el ministerio de Agricultura en forma conjunta han autorizado -sin ninguna medida precautoria- la implementación y la producción de semillas de maíz y algodón transgénico. Todo esto, 22 días después del golpe.

Estos son los costos y el pago de las facturas que tiene este gobierno con las multinacionales. Por ejemplo, la Unión de Gremios de Productores, que agrupa a las asociaciones rurales del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) ha planteado al gobierno dejar sin efecto la reglamentación de la Ley de Fronteras.

– ¿Qué implicaba la ley de Fronteras?

Es una ley que establece que a 50 kilómetros de la frontera con otros países, la tierra no debe estar en posesión de extranjeros. El gobierno de Lugo había reglamentado esa ley y había iniciado una tarea de reconocimiento de esas tierras a los efectos de buscar la forma de recuperarlas y destinarlas a la reforma agraria. Eso era una de las amenazas a las multinacionales que se instalaban en la más rica tierra como San Pedro, Canindejú, Alto Paraná. Estas multinacionales extranjeras se vieron amenazadas y eso se puede tomar como un detonante de esta acción.

– ¿Qué otros actores identifican en el proceso del golpe?

La embajada norteamericana estuvo muy relacionada en esto, con el financiamiento de las empresas de “comunicación” empresarial monopólica pagadas por las multinacionales, que las estuvieron financiando no solamente el día del golpe, sino también mucho antes. Pagaron toda la tarea mediática antes del golpe, durante el golpe y después del golpe.

El equipo operativo del golpe estuvo a cargo de los mafiosos que se encuentran en el Congreso nacional, vinculados a terratenientes y traficantes, jugando en el ámbito establecido jurídicamente en el país. Apartándose y violando muchos artículos de la Constitución Nacional y las leyes. Y todo se cierra con la “bendición” del representante del Papa, que esta acá como embajador del Vaticano, que fue quien en primer lugar reconoció y bendijo este golpe de Estado, junto a todo la jerarquía católica.

Todo evidentemente estuvo muy bien planificado, entre las multinacionales, la jerarquía eclesial, la embajada norteamericana y los operadores políticos mafiosos-traficantes de los partidos tradicionales de Paraguay.

Esto es un peligro no sólo para mi país, sino que también es un peligro para Argentina, Bolivia y Brasil. Para todos los pueblos que estamos tratando de integrarnos es una amenaza.

– ¿Cuáles son las consecuencias a nivel represivo y judicial para los luchadores sociales en este primer mes y medio posterior al golpe?

Ellos tienen el plan muy bien definido, que es el recrudecimiento de la criminalización de la lucha social y de los luchadores. En el marco del golpe, se dieron las sentencias de 25 a35 años para siete compañeros campesinos, que están injustamente en la cárcel. Se dieron varios hechos de atropello con pelotones de policía que ingresan en encuentros de mujeres, de jóvenes, de campesinos, de indígenas.

Están quitando a todos los compañeros que se encontraban trabajando en las instituciones públicas. Están siendo sacados sin ninguna consideración de las leyes ni de la Constitución Nacional.

Hubo un amotinamiento en una cárcel de San Pedro, un amotinamiento y después la quema de la cárcel; estos criminales son capaces de quemar cárceles. Porque para ellos los pobres, los campesinos, los indígenas son un estorbo o un peligro.

La decisión del presidente golpista de asistir al campo con militares es un retroceso bárbaro. Los militares van a meter miedo a la gente en el campo y van a tratar de sacar información.

– ¿Cuáles son la tareas que ustedes ven como principales para la resistencia?

Una es la búsqueda de mayor articulación, de unidad, y desarrollo de acciones conjuntas para atacar la concentración de la tierra que es la principal contradicción en nuestro país y en la región. Para eso debemos contar con toda la fuerza, no sólo del campesino sino de toda la sociedad paraguaya. La otra es fortalecer la unidad latinoamericana, las relaciones internacionales del campo popular. Haciendo el esfuerzo de unificar la fuerza para tratar de evitar situaciones de esta naturaleza que se puedan desarrollar en nuestros países hermanos latinoamericanos.

Eso depende también de la capacidad organizativa y de formación de nuestra gente. Un punto que estamos trabajando es la formación de compañeras y compañeros a los efectos de poder resistir y avanzar en la lucha.

– ¿Cómo entienden que se va a dar la resistencia de cara a las elecciones del 2013?

Vamos a tener muchas posibilidades si tratamos de entendernos y encarar bien la tarea y la lucha electoral. Porque es una cuestión importante, pero creemos que en este momento todos los movimientos, partidos de izquierda, movimientos sociales, organizaciones campesinas e indígenas deberían centrar su accionar en la organización y en la movilización permanente del pueblo. Que en eso se trabajen los ejes programáticos, basados en los intereses reales de nuestro pueblo, para poder revertir el golpe de Estado y recuperar la soberanía sobre nuestros recursos y fundamentalmente, democratizar el acceso a la tierra, desarrollar un programa de Reforma Agraria.

Hay que fortalecer la integración de los pueblos, pero no desde el punto de vista solamente económico sino desde otros aspectos históricos que nos unen a los latinoamericanos. Es un desafío fortalecer ese vínculo, es necesario para la defensa de la democracia en nuestra región.

Desde nuestra organización, estamos haciendo todo el esfuerzo para aportar a la integración continental de los movimientos sociales se pueda ir fortaleciendo para constituir un proyecto continental. Y nosotros somos los sujetos que tenemos que asumir eso.

 

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Paraguay: Las medidas del gobierno golpista

A casi un mes de ocupar la presidencia,  Federico Franco finalizó la primera ronda de las negociaciones con la multinacional canadiense Río Tinto Alcan, productora de aluminio investigada por delitos de lesa humanidad y contaminación, que pretende instalarse en las márgenes del río Paraná.

Rio Tinto Alcan es la segunda empresa productora de aluminio del mundo y extracción de minerales. Tiene plantas en todos los continentes, se caracteriza por dejar gran contaminación en los territorios en los que se instala, y está implicada en casos de violación de los derechos humanos. La multinacional que pretende instalarse en Paraguay, tiene abierto un proceso judicial por estar implicada en un golpe de estado en Papúa Nueva Guinea en los años 80, en el cual se reprimió y asesinó a miles de personas que protestaban contra un enclave minero de su propiedad.

La relación entre Rio Tinto y el Estado paraguayo estaba en una etapa evaluativa durante el gobierno de Lugo. Pero a partir de esta semana se aceleraron las negociaciones que tienen como perspectiva la aprobación e instalación de la planta en el país. Esto responde a la perspectiva política que se está queriendo implementar en Paraguay a partir del golpe institucional.

Existen diversas vinculaciones entre el sector golpista y los intereses de la multinacional: Canadá, el país de origen de la empresa, fue uno de los primeros países que apoyó el golpe institucional a Fernando Lugo, junto con el Vaticano y Alemania. Además, Francisco Rivas, quien fuera asesor del gobierno de Lugo y afín a la inversión transnacional en el país, hoy es el actual ministro de Industria y Comercio. Diego Zavala, actual viceministro de Comercio fue también consultor de la empresa.

La multinacional busca instalarse en el país ya que prevé  recibir subsidios en el consumo energético por parte del Estado paraguayo y además utilizar el agua del rio Paraná para fundir aluminio que posteriormente pasara a  tratarse  en Brasil, lo que reducirá los costos de producción mediante el uso intensivo y a barato de la energía eléctrica del país y una mano de obra joven y precarizada.

Características del saqueo

Todas las materias primas que se utilizarán en la construcción de la empresa serán importadas, excepto la energía eléctrica; ya que la empresa exige su provisión de manera permanente desde las centrales de Itaypú y Yaciretá, para obtener mejores rendimientos.

Así, la multinacional utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que toda la población del país, con la misma tarifa.

Además, Río Tinto Alcan será una de las 10 fundiciones de aluminio más grandes del mundo, en la que será necesario invertir en infraestructura para puertos, caminos, armado del parque industrial y dragado de ríos, entre otros elementos.

Los argumentos para justificar la instalación de la empresa y permitir el saqueo de los bienes comunes, tienen que ver con la apertura de puestos de trabajo y el aumento de las exportaciones. Así, Río Tinto Alcan y el gobierno de facto de Federico Franco, sostienen que se generarán 50.000 nuevos puestos de trabajo y que las exportaciones aumentarán en un 60%.

Pero, las industrias electrointensivas insumen poca cantidad de recursos humanos y es posible que se contamine el Acuífero Guaraní mediante su implementación.

La vice ministra de Energía y Minas durante el gobierno de Fernando Lugo, Mercedes Canese agregó: “Hay que definir todavía quién hará esas inversiones. Si queda en manos del Estado, de qué forma, cómo se obtiene el financiamiento. También está la importancia de que RTA tenga energía constante, no interrumpible. Entonces, estaría conectada a las dos binacionales. Todas esas son inversiones públicas normalmente. Todavía en esta etapa de estudio, no se ha definido a cargo de quién estarán”.

Delitos de lesa humanidad

Los trabajadores de las plantas que Río Tinto tenía en la isla de Bougainville en Papúa Nueva Guinea, trabajaban en condiciones de semiesclavitud y, hacia 1980 comenzaron a organizar levantamientos con reivindicaciones que se vinculaban con la vida y el trabajo más digno.

La empresa contrató mercenarios e instigó a los militares a defender sus intereses de económicos en la zona e impuso un bloqueo en el que 10.000 civiles y trabajadores murieron.

Hoy en día, hay una causa que implica a Río Tinto con estos delitos de lesa humanidad en la Corte de Estados Unidos, bajo el nombre “Sarei et al v. Rio Tinto Plc et al”.

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En diálogo con Marcha, Mercedes Canese vinculó la instalación de la planta con la política económica que se propone llevar adelante el gobierno de facto de Federico Franco, y agregó: “¿Qué garantías  tenemos de que esa legislación nos asegure que no va a haber impactos graves sobre los recursos naturales y el medio ambiente?”

¿Qué implicaría Río Tinto para Paraguay hoy en día?

Así como está planteada la inversión y como se están manifestando los voceros de este gobierno ilegitimo existen muchos riesgos en relación a la inversión. Uno es la tarifa por debajo del costo, que va a significar un subsidio. Ellos dicen que no van a subsidiar la energía pero al mismo tiempo están diciendo que la tarifa tiene que ser menor que el costo, que es lo mismo que un subsidio, y eso en veinte años puede llegar a significar hasta 12 mil millones de dólares de déficit para el Estado paraguayo, que tendrá que ser cubierto con aumento de tarifas, impuestos o recortando el gasto público.

El otro riesgo es que estaremos usando una parte muy importante de un recurso natural como es el energético en un proceso industrial que prácticamente no genera empleo. Entonces en el futuro tendremos que decirle a otras industrias tradicionales ,que generan miles de veces mas empleo que Río Tinto, que no tenemos mas energía para que ellas puedan instalarse. O sea, existe un riesgo de comprometer a las generaciones futuras en cuanto al empleo.

Otra incógnita es el tema ambiental, de acuerdo a técnicos que estuvieron analizando el tema desde la Secretaria de Ambiente del gobierno de Fernando Lugo, no hay una legislación adecuada para esta inversión. O sea, hay que hacer una ley especial para Río Tinto. ¿Qué garantías  tenemos de que esa legislación nos asegure que no va a haber impactos graves sobre los recursos naturales y medio ambiente?

También esta todo el prontuario que tiene Río Tinto en el mundo en cuanto a violación de derechos humanos; de delitos de lesa humanidad; ni que decir de derechos laborales y leyes ambientales. Hay que ver que dicen ellos de esas acusaciones que están en cortes judiciales  de Estados Unidos y otras cortes  internacionales.

¿Qué relación existe entre este gobierno tras el golpe institucional con el apresuramiento de iniciar la negociación para instalar la planta de Río Tinto en paraguay?

Bueno hay señales muy llamativas, una de ellas es, por ejemplo, que solamente se han confirmado dos ministros que eran ya del gobierno anterior y que continúan hoy, uno de ellos justamente era un ministro muy favorable a la inversión (de Río Tinto) que es el ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas. El otro es una persona que siempre fue vista como un vocero de Río Tinto Alcan, que era un asesor del gobierno de Fernando Lugo y en este gobierno es nombrado viceministro de Comercio como es Diego Zabala.

Ya en su discurso de Asunción al cargo, Federico Franco habla de usar la energía del Paraguay y a los dos, tres días declara que quiere acelerar el proceso de inversión de Río Tinto. Entonces pareciera que hay un gran beneficiado con este golpe parlamentario.

También llama la atención que el gobierno de Canadá, los primeros días halla hecho declaraciones afirmando que reconocía al nuevo gobierno por mas de que después se desdijo pero bueno eso genera ya una cierta perspicacia, genera dudas en cuanto a que realmente se quiera priorizar los intereses nacionales o priorizar los intereses de esta enorme inversión. Sabiendo que es un gobierno que tiene nueve meses hasta las elecciones, es un gobierno que no debería comprometerse en nada y mucho menos al Estado paraguayo.

 

AUDIO: Mercedes Canese sobre impacto ambiental

AUDIO: Mercedes Canese sobre Río Tinto y la generación de empleo

AUDIO: Mercedes Canese sobre subsidio de energía